El 12 de septiembre de 1963 Franco visitaba la ciudad de Pontevedra para inaugurar la Empresa Nacional de Celulosas, seis años después de que la pastera iniciase su actividad en el corazón de la ría. Empezaba así una historia de amor y de desamor con la vecina más polémica de la ciudad, que poco a poco convertiría aquel enclave natural único en el mundo, en un vertedero químico que se ha llevado por delante cualquier rastro de actividad económica relacionada con la pesca tradicional y el marisqueo, el turismo, la hostelería y los deportes de mar. La vida en general de aquel barrio próspero, el de Lourizán, que Montero Ríos escogió para construir un espectacular pazo, se vio disminuida hasta tal punto, que a día de hoy sólo quedan allí los vecinos más humildes que nunca se pudieron mudar. Los mismos que lloran aquel mar y la playa que jamás volverán a ver como antes.
La concesión a ENCE sobre las treinta hectáreas de territorio público terminaba este año, en 2018, casi seis décadas después de la inauguración oficial por parte de un dictador fallecido hace más de cuarenta años. En lugar de eso, el Gobierno en funciones del Partido Popular regaló una nueva concesión durante cincuenta y cinco años (hasta 2073) a una empresa privada para que siga operando sobre el litoral robado a sus legítimos propietarios: los ciudadanos y las ciudadanas de Pontevedra. Nada de lo que aquí les pueda contar podría sintetizar siquiera la rabia de una ciudad que ha visto como uno de sus paisanos, el señor Mariano Rajoy Brey, utilizaba su despacho de la Moncloa para establecer una excepción reglamentaria que permitiese mantener al monstruo de hojalata sobre el paraíso robado que el escritor Manuel Rivas definía en el documental del director Lukas Santiago.
Estos días, otro periodista y escritor pontevedrés, Rodrigo Cota, presentaba el documental Fóra que narra la lucha social de la ciudad contra ENCE y el papel del gobierno municipal que desde el año 1999 intenta desalojar a la pastera de nuestra ría. Fue el propio alcalde, el nacionalista Fernández Lores, quien leyó en 2016 la moción que nombraba a Rajoy persona non grata en su propia ciudad, con el apoyo del PSdG-PSOE y la Marea de Pontevedra. Partido Popular y Ciudadanos, grupos minoritarios en la ciudad, siguen defendiendo a capa y espada a una empresa privada en la que calientan el culo varios exministros del partido del gobierno. El nombramiento, aunque simbólico, no deja de ser una muestra contundente de la dignidad de un pueblo que ha convertido la lucha por el territorio robado en un movimiento ecologista espontáneo, autóctono y auténtico.
En Pontevedra, muchos de los activistas son personas jubiladas o funcionarios. Personas a las que no les importan esos puestos de trabajo que ENCE anuncia cada año como el maná que traerá el progreso a una de las mejores ciudades del mundo para vivir que podría crear una vía económica sostenible en la explotación ordenada de los recursos naturales y turísticos de su litoral. Devolver el patrimonio natural a nuestros hijos no es sólo una obligación estética, sino, sobre todo, ética: la pasta de papel ni se come, ni se respira.
Pero aunque a este lado del mundo, la represión ecologista no suele acabar con la vida de los que defienden la naturaleza, la manipulación del capital es espeluznante: hacer creer a los ciudadanos que aquello que les ha sido robado delante de sus narices les llenará los bolsillos y traerá la felicidad en forma de nóminas a fin de mes es la estrategia que ENCE lleva años utilizando.
Cuando los primeros manifestantes se quejaban del olor nauseabundo que la antigua fábrica vertía sobre Pontevedra era habitual escuchar frases como: cheira a merda! (¡huele a mierda!) que los entrenados en el arte de defender al ladrón contestaban con un vehemente: cheira a pan! (¡huele a pan!). El problema de la civilización moderna es casi siempre el mismo, nos estamos acostumbrando a tragarnos demasiada mierda por un mendrugo de pan.